El cobro lo estableció el Gobierno nacional vía decreto y tiene el objetivo de financiar la electrificación del área rural en La Guajira.
El responsable podría ser multado hasta por 150 salarios mínimos mensuales y enfrentar una condena de entre 16 y 72 meses de prisión.
Eliecer Almeida, está vinculado a una investigación por extorsión. Habría servido de intermediario para exigir $60 millones a la víctima.
Supuestos manejos políticos de la entidad estarían dificultando la atención de asuntos técnicos, repercutiendo en la calidad del servicio.
La reducción, que sería de entre el 4 y el por ciento, se aplicaría a partir del próximo mes de noviembre.