Sábado, 18 de julio de 2026

Otro escándalo en la ANT de Felipe Harman: Denuncian $30.000 millones para eventos y no para tierras

  • viveelmeta.com
  • Publicado en Oct 06, 2025
  • Nacionales
La reforma agraria pierde credibilidad: denuncian que la ANT de Felipe Harman convirtió recursos campesinos en un millonario negocio de contratos. La entidad símbolo de la reforma, enfrenta un nuevo escándalo que huele a corrupción.


Una sombra de indignación y sospecha se cierne sobre la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad creada para saldar la deuda histórica con el campesinado. La senadora Paloma Valencia ha encendido las alarmas al denunciar un presunto escándalo de despilfarro que tocaría la fibra sensible de la gestión pública: casi $30.000 millones destinados a «eventos», una cifra astronómica que contrasta con la lenta y urgente necesidad de formalizar tierras en Colombia.

La acusación, lanzada desde la plataforma de X, señala directamente la gestión bajo el exalcalde de Villavicencio, Felipe Harman, y pide la intervención inmediata de los entes de control, pues lo que se describe es un festín de la opacidad.

El centro del escándalo es un contrato que, de la noche a la mañana, vio su valor dispararse. Iniciado con la empresa Puerta de Oro, el acuerdo partía de un anexo técnico que valoraba las actividades de eventos en apenas $348 millones. Pero, de manera inexplicable, el contrato final se firmó por casi $20.000 millones. El golpe de gracia llegó en mayo de 2025, cuando la ANT aprobó una adición de casi $10.000 millones, elevando el monto total a rozar los $30.000 millones.

 


Esta escalada financiera, sin una justificación clara en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), ya resulta inquietante. Pero la denuncia va más allá, señalando un engranaje diseñado para evadir el control. Según la congresista, se canalizaron anticipos millonarios a una fiducia privada contratada por la misma empresa. Este mecanismo, tildado de «agujero negro», habría permitido manejar recursos públicos bajo las laxas normas del derecho privado, despojándolos de la vigilancia estatal.

«Le giraron $30.000 millones a un agujero negro,» sentenció Valencia, al advertir la práctica de entregar el «botín completo» antes de que el servicio se prestara, una grave violación de las normas presupuestales que exigen pagar por servicios ya ejecutados.

La crítica más amarga reside en el origen de los fondos. Se denuncia que este contrato, firmado a finales de 2024 y ejecutado en 2025, habría comprometido recursos destinados a la formalización de tierras para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Es decir, los recursos que deberían estar titulando predios y devolviendo la esperanza al campo colombiano, habrían sido desviados para financiar una cuestionable agenda de eventos.

La indignación se profundiza ante la ausencia total de soportes. En el SECOP, el lugar donde la transparencia debe ser ley, no aparecen facturas, informes de supervisión ni informes de ejecución. Simplemente, el destino de los $30.000 millones flota en un vacío burocrático, sin un solo papel que demuestre qué se hizo, cuándo se hizo y para quién se hizo.

Mientras la ANT guarda un hermético silencio ante las graves acusaciones, la realidad del campo sigue siendo precaria. La entidad, cuyo lema debería ser la tierra, parece más preocupada por justificar fastuosos contratos de eventos que por cumplir con su misión esencial.

De confirmarse los hechos, el escándalo no solo marcaría un nuevo capítulo de corrupción en el Estado, sino un golpe simbólico a la promesa de justicia agraria que el gobierno presentó como bandera. La tierra, una vez más, parece haber quedado en manos de quienes mejor saben mover los contratos, no de quienes la trabajan.