Policía confirma que Felipe Harman sí pagó cinco días de arresto por no acatar un fallo de tutela

La Policía Nacional confirmó que el exalcalde de Villavicencio y actual director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, sí cumplió una sanción de cinco días de arresto, luego de un desacato a una orden judicial relacionada con un derecho de petición.

El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia solicitó información sobre la presunta compra irregular del predio ‘Peñasgordas’, ubicado en Dagua, Valle del Cauca. Ante la falta de respuesta, un fallo de tutela emitido en diciembre ordenó a la entidad responder en un plazo de 48 horas.

Sin embargo, al evaluar el cumplimiento, el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá concluyó que habían pasado 53 días hábiles sin que se atendiera la orden, por lo que abrió incidente de desacato y sancionó tanto a Harman como a la secretaria general de la ANT, Ángela Lorena Ortiz Rosero, con arresto y multa.

Además de la privación de la libertad, el despacho judicial impuso una sanción económica equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada funcionario, lo que en conjunto supera los 31 millones de pesos.

Sobre este caso, Valencia cuestionó la actuación de la entidad. “¿Qué tanto esconden en la ANT que no entregan la información de la compra y adjudicación de predios?”, expresó públicamente, al tiempo que planteó dudas sobre posibles irregularidades en procesos de adquisición de tierras.

Por su parte, Harman aseguró en su momento que la agencia había respondido el requerimiento y que se solicitó la revocatoria de la medida, pero tanto el juzgado como el tribunal ratificaron la sanción y ordenaron su cumplimiento.

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Pese a que el funcionario negó en varias ocasiones haber estado detenido, la Policía confirmó el pasado 6 de abril que tanto él como Ángela Ortiz cumplieron la medida desde el 29 de marzo en la Escuela Nacional de Carabineros ‘Alfonso López Pumarejo’.

Con esta verificación, se establece que la sanción sí se ejecutó, en medio de un proceso que también fue remitido a la Fiscalía para investigar posibles responsabilidades penales por el incumplimiento de la orden judicial.