Por ahora, registrador nacional no convocará a la consulta popular de Gustavo Petro

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la Registraduría no moverá el calendario electoral para la consulta popular convocada por decreto presidencial, al menos hasta que una alta corte defina si el proceso es legal.

Según dijo, existe una controversia evidente entre el Congreso y el Gobierno, y en un escenario sin precedentes como este, lo más responsable es esperar a que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado aclaren si la convocatoria puede seguir adelante.

Mientras tanto, su despacho ya solicitó un concepto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, y trasladó copia de esa petición a la Procuraduría y a la Agencia Nacional Jurídica del Estado, buscando respaldo técnico antes de tomar cualquier decisión.

La incertidumbre también tiene que ver con el dinero. La consulta podría costar unos 750.000 millones de pesos, y Penagos advirtió que no se puede comprometer ese presupuesto sin tener una decisión jurídica clara que respalde el proceso.

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También señaló que, aunque el Gobierno fijó la fecha para el 7 de agosto, en apenas 56 días, no ve viable una organización electoral en tan poco tiempo. “Materialmente no es posible”, afirmó.

Aunque en 2018 la consulta anticorrupción se organizó en 60 días, esa vez se declaró la urgencia manifiesta para agilizar los recursos y la logística. Esta vez, advirtió Penagos, el contexto es diferente y exige otras garantías.

Por ahora, todo queda en pausa. La Registraduría solo seguirá adelante si alguna de las altas cortes confirma que el camino elegido por el Gobierno es jurídicamente válido.