La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por la presunta utilización de recursos públicos en la contratación de una firma internacional de abogados para la defensa del presidente Gustavo Petro, en un caso que podría corresponder a intereses de carácter estrictamente personal y no a una causa institucional del Estado.
La actuación del Ministerio Público se originó tras una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien cuestionó un contrato cercano a los $10.000 millones suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la firma extranjera Amadeus Consultancy Limited, destinado a la prestación de servicios de asesoría jurídica en asuntos relacionados con sanciones financieras.
Según la congresista, la contratación se produjo luego de que el presidente Petro, su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueran incluidos en la llamada Lista Clinton de Estados Unidos, y advirtió que, pese a que el abogado Daniel Kovalik afirmó que la defensa del jefe de Estado sería gratuita, esta terminó materializándose en un contrato multimillonario financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, sin una justificación clara sobre su necesidad, su valor ni el procedimiento de contratación utilizado.
En su denuncia, Miranda solicitó que se establezca si estos recursos se destinaron a atender controversias de carácter individual, lo que podría configurar un detrimento patrimonial, así como una eventual vulneración de los principios de la contratación pública y posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales, entre ellas peculado o contratación irregular.
En una revisión preliminar, la Procuraduría encontró que el DAPRE suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026 el 9 de enero de ese año, con un plazo de ejecución hasta el 30 de abril, mediante la modalidad de contratación directa y por un valor aproximado de $10.000 millones, con cargo al Presupuesto General de la Nación.
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El Ministerio Público advirtió que el contrato contempla pagos de cuantía elevada concentrados en un periodo corto, sin que exista una justificación técnica suficiente que explique la urgencia de la contratación ni la imposibilidad de acudir a capacidades institucionales del Estado, cooperación interinstitucional o expertos nacionales, lo que genera serios cuestionamientos sobre el principio de planeación, a lo que se suma que no se exigieron garantías de cumplimiento pese al alto monto de los recursos comprometidos.
Con estos elementos, la Procuraduría ordenó la apertura formal de la indagación previa para establecer si hubo irregularidades en la suscripción del contrato entre el DAPRE y Amadeus Consultancy Limited y si se vulneraron los principios de la contratación pública al utilizar recursos del Estado para la defensa de presuntos intereses personales del presidente Gustavo Petro; la actuación tendrá una duración de seis meses y busca identificar al posible responsable de una falta disciplinaria.