Red de ‘chuzadas’ ilegales afectó a residentes del Meta

El operativo de la Fiscalía General de la Nación que terminó con la captura de cuatro personas, los generales (r) del Ejército: Carlos Pérez Cardona y Jorge Salinas, el mayor (r) Luis Quiroga, y María Alicia Pinzón, exfuncionaria del MinTic y quien fungía como ‘hacker’ de la organización, es la panacea de una investigación sobre interceptaciones telefónicas ilegales que habría traspasado las fronteras nacionales. 

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Dichos procedimientos se dieron en el marco de siete allanamientos a empresas de seguridad localizadas en las ciudades de Bogotá, Cali e Ipiales, en las que se ofrecían servicios como interceptación de comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. 

De acuerdo con un artículo del portal Pulzo.com, en el que cita a la W Radio, uno de los que más se favoreció de las ‘chuzadas’ fue el Gobierno de Ecuador, que pagó en varias ocasiones por información de inteligencia, en especial para conseguir la ubicación y captura de alias ‘Guacho’.

Al respecto, El Tiempo reveló que este caso, que llegó a permear las esferas internacionales, también tuvo injerencia en el departamento del Meta. Los casos que ese medio citó son los del abogado laboralista Gustavo Basto, y el médico Richard Manuel Peña Contreras.

El primero de Ellos, Basto, dijo trabajar para sindicalistas de empresas contratistas de Ecopetrol, a las que tienen demandadas. Uno de sus clientes, Eliécer Alba, quien dice trabajar para la multinacional Nabors Drilling, con sede en Bermudas y Estados Unidos, también aparece en la lista de María Alicia Pinzón, al igual que dos de sus compañeros, ubicados en el municipio de Guamal. 

En el caso de Richar Manuel Peña, un médico caleño que reside desde hace varios años en la ciudad de Villavicencio, se desconoce aún el motivo por el cual aparece en el lista. Lo mismo ocurre con otras cuatro personas cuya injerencia política y social no va más allá de los normal. 

En el marco de este nuevo escándalo judicial, se investiga la participación del general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza Carreño, quien figura como propietario de la empresa A&G seguridad, también allanada en la ciudad de Bogotá.

Según la Fiscalía, por cada caso aceptado la organización cobraba 3 millones de pesos, y por haber demandado tales servicios se encuentran vinculados a la investigación algunas entidades del Estado y empresas particulares, entre ellas una petrolera con sede en el departamento del Meta, cuyos datos seguirán estando bajo reserva mientras se determina su participación.