El proceso de revocatoria contra el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, parece no tener futuro debido al incumplimiento de uno de los requisitos exigidos por la ley.
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1757 de 2015, los comités promotores deben entregar los estados contables y financieros de la campaña dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación de las firmas ante la Registraduría.
En este caso, las firmas fueron entregadas el 2 de febrero de 2026, por lo que el plazo legal venció el 23 de ese mismo mes. Sin embargo, hasta ahora no se habrían presentado los libros contables ni los estados financieros del comité promotor de la iniciativa ‘Villavicencio Digna – Revocatoria Ya’.
La situación quedó consignada en una respuesta emitida el 30 de marzo por la Registraduría a un derecho de petición presentado por el ciudadano Wilmer Steven Romero Céspedes. En ese documento, la entidad indicó que “a la fecha no se han presentado ante esta Registraduría libros contables ni estados financieros del comité promotor”, pese a que ya habían transcurrido 56 días desde la entrega de las firmas.
Saúl Villar Jiménez, abogado apoderado del alcalde, aseguró que este incumplimiento pondría en riesgo la continuidad del proceso. “Si no se presentan esos documentos dentro del término legal, la Registraduría no puede certificar las firmas y el trámite debe darse por terminado y archivarse”, manifestó.
A esto se suma que la Registraduría invalidó 51.548 de las 81.810 firmas entregadas, es decir, más del 60 %, por inconsistencias como duplicidad de datos, registros inexistentes y otras irregularidades. Además, varias personas radicaron denuncias ante la Fiscalía porque sus nombres y números de identificación aparecieron como apoyos válidos, pese a que aseguran que nunca firmaron ni autorizaron el uso de sus datos.
En las acciones judiciales aparecen mencionados integrantes del comité promotor como Jorge Aristizábal, José del Carmen Acosta, Sara Valeria Cabanzo Ruiz, Álvaro Camilo Velasco Pulido y Miguel Arango Torres.
Los denunciantes consideran que las conductas podrían constituir delitos como fraude procesal, falsedad en documento privado, uso de documento falso y tratamiento ilícito de datos personales.
El caso quedó ahora en manos de la Fiscalía, mientras la continuidad de la revocatoria depende de que se cumplan los requisitos legales pendientes.