Denuncian uso de firmas falsas y datos personales sin autorización en revocatoria del alcalde de Villavicencio

Varias denuncias penales fueron radicadas ante la Fiscalía General de la Nación en Villavicencio por presuntas irregularidades en el proceso de recolección de firmas para la iniciativa de revocatoria del alcalde Alexander Baquero, denominada ‘Villavicencio Digna – Revocatoria Ya’.

Según los denunciantes, su nombre y número de identificación aparecen como apoyos válidos en el informe técnico, pese a que nunca firmaron ni autorizaron el uso de sus datos personales. Bajo gravedad de juramento, aseguran que jamás respaldaron esa iniciativa.

A esto se suma que la Registraduría reconoció oficialmente que, de los 81.810 apoyos recolectados durante el proceso, 51.548, es decir, más del 60 %, fueron invalidados por inconsistencias como duplicidad de datos, registros inexistentes y otras irregularidades.

En los documentos también se advierte sobre la posible existencia de un patrón sistemático de incorporación fraudulenta de apoyos, lo que, según los denunciantes, habría permitido cumplir de manera artificial con los requisitos legales para avanzar en el proceso de revocatoria.

En la denuncia aparecen mencionados Jorge Aristizábal, José del Carmen Acosta, Sara Valeria Cabanzo Ruiz, Álvaro Camilo Velasco Pulido y Miguel Arango Torres, integrantes del comité promotor, como presuntos responsables de los hechos.

De acuerdo con la calificación jurídica provisional, las conductas podrían encuadrarse en delitos como fraude procesal, por inducir en error a la Registraduría; falsedad en documento privado, por la presunta adulteración de registros; uso de documento falso, por presentar planillas con información irregular; y tratamiento ilícito de datos personales, por el manejo indebido de información ciudadana.

Además, se advierte una posible vulneración de derechos fundamentales como el habeas data, el buen nombre, la participación política, el debido proceso y el principio de buena fe.

Como medidas cautelares, los denunciantes solicitaron la suspensión inmediata de cualquier actuación derivada de los apoyos cuestionados mientras se esclarecen los hechos, con el fin de evitar que un proceso presuntamente viciado continúe produciendo efectos jurídicos.

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Igualmente, pidieron pruebas como peritajes grafológicos y documentológicos sobre las firmas, análisis estadísticos para detectar posibles patrones de falsedad masiva, declaraciones de los integrantes del comité promotor e inspecciones judiciales a la Registraduría.

Finalmente, solicitaron ser reconocidos como víctimas dentro del proceso penal y aportaron como pruebas copia de sus cédulas y el informe técnico de verificación de firmas publicado por la Registraduría el pasado 19 de marzo de 2026.

El caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existieron o no irregularidades en uno de los procesos de participación ciudadana más sensibles para la capital del Meta.