Miércoles, 6 de noviembre de 2024
Foto: Agencia Nacional de Tierras.

Acusan a Harman de adjudicar tierras a falsas víctimas del conflicto en Córdoba

  • viveelmeta.com
  • Publicado en Oct 15, 2024
  • Nacionales
Según pobladores, las tierras no se están destinando a los verdaderos afectados por el conflicto armado sino a personas ajenas a la región.


La reciente entrega de más de 8.400 hectáreas de tierra en Córdoba, con la presencia del presidente Gustavo Petro y el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, desató una fuerte controversia entre las comunidades locales.

El evento, que se realizó en la hacienda La Argentina, despierta críticas particularmente hacia Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por aparente irregularidades en el proceso de adjudicación.

Los pobladores denunciaron que las tierras, confiscadas a paramilitares como alias Macaco y alias Cuco Vanoy, no se están destinando a los verdaderos afectados por el conflicto armado, sino a personas ajenas a la región que llegan en autobuses gestionados por la ANT. Aseguran que desconocidos patrullan la zona en motocicletas, aumentando la tensión y el temor en la comunidad.

Harman, por su parte, defiendió el proceso argumentando que se realizó conforme a la Ley 160 y que los beneficiarios pertenecen al Comité Municipal de Reforma Agraria de Buenavista. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rechazadas por los habitantes, quienes sostienen que el procedimiento está lleno de irregularidades y favorece a personas seleccionadas arbitrariamente.

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El abogado y defensor de derechos humanos, Álex Alberto Morales, que representa a las víctimas no beneficiadas, denunció ante el presidente Petro y la Comisión de Verificación de los Acuerdos de la ONU que las promesas de restitución de tierras no se están cumpliendo. Morales también criticó la presencia de foráneos y el uso de la represión durante las protestas de los pobladores, quienes han trasladado sus manifestaciones a otras fincas de la región, exigiendo una revisión urgente del proceso.

La controversia expone una creciente desconfianza hacia la administración de Harman, quien enfrenta acusaciones de beneficiar a sectores ajenos a las víctimas del conflicto armado.