Acusan a Harman de usar la ANT para favorecer a círculos políticos en Puerto López
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viveelmeta.com
- Publicado en Dic 09, 2025
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La promesa de Gustavo Petro en 2022 de redistribuir la tierra fértil para cerrar las brechas históricas del campo quedó en manos de Felipe Harman cuando asumió la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en febrero de 2024. Pero en Puerto López (Meta), los documentos a los que accedió el medio de comunicación El Colombiano, muestran que esa tarea terminó moviéndose en otra dirección.
En agosto de 2025, una investigación de La Silla Vacía ya había revelado que la ANT se convirtió en una plataforma política para el petrismo. Con un presupuesto sin precedentes y una expansión acelerada de su estructura, la entidad terminó rodeada de contratistas cercanos a Harman y a aliados regionales del Pacto Histórico. Ese fenómeno se sintió con fuerza en Puerto López, justo el municipio del Meta donde, en ese periodo, la ANT concentró más de 1.400 contratistas.
El nombre que más aparece en esta historia es el del concejal Jhon Ermel Ríos, uno de los aliados más visibles de Harman en el departamento. Su esposa, Darlenne Murillo, atiende la oficina territorial de la ANT en Puerto López desde 2024, mientras que el predio donde opera la sede fue arrendado por más de 12 millones de pesos mensuales a su hermana, Sulay Ríos. Es decir, la instalación y operación de la oficina quedó rodeada por el núcleo familiar del concejal. Harman insiste en que la vinculación de mujeres en la entidad no depende de relaciones personales, pero la repetición de apellidos y cercanías políticas sugiere otra lectura.
A ese entramado se suma la llegada de Diana Pino, excandidata a la Alcaldía de Puerto López, quien fue nombrada subdirectora del Programa Indígena de la ANT apenas días después del nombramiento de Harman. Durante su campaña, Pino estuvo acompañada por Hernando Ríos y Angélica Sánchez, encargados de su recolección de firmas y actividades en terreno. Tras su ascenso a la ANT, él terminó vinculado a la entidad y ella apareció como integrante de una organización campesina beneficiaria de un amplio predio en el sector El Bohío, terreno que había pasado por la SAE y luego a la ANT para “aprovechamiento productivo”.
La lista continúa. La adjudicación más grande que se hizo en Puerto López durante la inauguración de la oficina, más de 800 hectáreas para un proyecto asociativo, quedó en manos de Marina Viña, madre del concejal José Tito Loaiza, aliado político de Ríos en el Concejo. Ambos concejales, además, enfrentaban una demanda de pérdida de investidura por participar en la elección del personero pese a su cercanía con el candidato elegido.
Harman sostiene que estos nombramientos y entregas responden a criterios técnicos y que las coincidencias políticas no influyeron. Dice que Pino tiene trayectoria en temas de tierras y que la presencia de la ANT en Puerto López busca resolver décadas de informalidad y despojo. Sin embargo, en la práctica, las decisiones más relevantes han terminado girando alrededor de aliados, familiares y figuras que han hecho parte de campañas o estructuras electorales.
En un municipio donde la redistribución de tierras debía marcar un giro profundo frente a la historia agraria del país, las primeras entregas y contrataciones evidencian un patrón difícil de explicar como mera casualidad. La ANT llegó para corregir viejas desigualdades, pero en Puerto López terminó repitiendo viejas prácticas que hoy determinan quién recibe tierra y quién no.
