ANT habría ofrecido transporte y comida a asociaciones campesinas por marchar hoy en Bogotá

Una carta firmada por la Asociación Guardia Ambiental Campesina de Tello, Huila, generó controversia tras conocerse que en ella se convoca a sus integrantes a participar en una manifestación en Bogotá con apoyo logístico atribuido a la Agencia Nacional de Tierras.

En el documento, fechado el 15 de mayo de 2026, la organización informa que el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, junto con la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, habrían extendido una invitación para asistir a una marcha pacífica en respaldo a la reforma agraria, prevista para el 20 de mayo en la capital del país.

La carta señala además que la entidad “garantiza transporte y comida” para los participantes, y solicita confirmar asistencia para coordinar los desplazamientos en buses, con un listado que debía enviarse con antelación. También indica que los puntos de encuentro serían definidos según el número de asistentes.

“Nos hace la invitación de una marcha pacífica para apoyar la reforma agraria, se respeten la autonomía y facultades de la ANT. Esto será en la ciudad de Bogotá el día 20 de mayo del 2026”, se lee en el documento, que lleva la firma del representante legal José Edin Lugo Saavedra, el secretario Albeiro Medina Bustos y un delegado político de la coordinación nacional de la organización.

El caso fue cuestionado por el abogado y periodista Melquisedec Torres, quien advirtió en la red social X sobre el uso de recursos públicos en la convocatoria. “La Agencia Nacional de Tierras garantiza transporte y comida para movilizar una marcha pacífica por la reforma agraria a Bogotá esta semana, dicen estas asociaciones de guardia ambiental y campesina del Huila”, señaló.

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Torres también pidió claridad sobre la financiación de la actividad y su oportunidad política. “¿Esto es cierto? ¿Cómo se paga esto? ¿Por qué justo en campaña electoral?”, cuestionó, al tiempo que solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.