Buscan revertir el fallo que impidió la exploración petrolera en Cumaral

La consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, para evitar al consolidación de un proyecto de exploración sísmica en su área rural, sentó un paradigma en cuanto a la implementación de este tipo de mecanismos; lo que resulta legítimo para unos, pero para otros no tanto.

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Según la tesis de la ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, citada recientemente por El Espectador, «las consultas populares para el desarrollo de proyectos y actividades mineras en los territorios, deben tener en cuenta que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende de los intereses regionales y municipales», afirmación con la que espera que la Corte Constitucional resuelva de una vez por todas la controversia acerca del alcance del legítimo derecho de las comunidades a oponerse.

Schlesinger dice que «resulta contradictorio concluir que existiendo competencias del Gobierno nacional central respecto a los recursos del subsuelo, las autoridades territoriales puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables y con ello desconocer a las entidades creadas para tales fines». Así las cosas, el citado medio concluye que el Tribunal Administrativo del Meta, cuando aprobó el trámite de la consulta popular en Cumaral, no analizó que en ese tema también hay intereses nacionales y la decisión no puede ser exclusiva de las comunidades en los territorios.

En criterio de la ponente, ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales; tiene que existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. En otras palabras, no puede haber un poder de veto en los territorios para anular competencias del Estado.

El citado documento además resalta que las consultas no son el «mecanismo idóneo» para oponerse a los proyectos minero-energéticos, y que han sido implementadas debido a la falta de herramientas de participación ciudadana para ese fin. Por tanto, plantea que en un plazo de dos años el Congreso defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana para casos como el que llevó a los habitantes de Cumaral a apelar a la consulta popular, y uno o varios instrumentos legales para garantizar la debida coordinación entre la nación y sus territorios.

El proyecto de fallo que ya está siendo debatido por los demás miembros de la Corte Constitucional, busca dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional.