Escritores denuncian que fueron víctimas de fraude en la Feria Literaria de Villavicencio

Corculder, la corporación a la que le entregaron el contrato de prestación de servicios artísticos para la realización de la II Feria Literaria del Meta de Villavicencio, habría aportado cotizaciones con precios inflados, con firmas no autorizadas por los escritores y artistas, así como falsificado supuestos poderes de representación para, al final, pagar montos irrisorios en algunos casos y en otros no entregar ningún pago.

Así lo denunció el periodista Andrés Molano Téllez, a través de un reportaje publicado en el medio de comunicación Agenda Hoy, quien tras una investigación sobre dicho proceso contractual encontró irregularidades que podrían tipificarse como fraude y falsedad en documentos públicos.

Los artistas engañados, citados por el medio, señalan a Danilo Caviedes Castro, quien habría sido contratado por Aldemar Pérez Montaño, representante legal de Corculder, para organizar el evento. Tras ser confrontado por el medio, Pérez respondió de forma conflictiva, incluso advirtiendo de manera indirecta sobre posibles retaliaciones.

Las denuncias se enmarcan en el contrato de prestación de servicios artísticos No. 232 de 2025, por un valor de 170 millones de pesos, adjudicado de manera directa a la Corporación Cultural y Deportiva Corculder, representada por Aldemar Pérez Montaño.

El acuerdo contemplaba actividades como malabares, zanquería, teatro, magia, manualidades, además de conversatorios y encuentros literarios. El evento se llevó a cabo entre el 20 y el 22 de agosto en el centro comercial Villacentro de Villavicencio.

Sin embargo, la revisión detallada de los documentos precontractuales reveló que las cotizaciones entregadas por Corculder no coinciden con los pagos reales a los escritores invitados, y en varios casos incluyen firmas y documentos que los artistas niegan haber autorizado.

Pilar Lozano, reconocida autora de literatura infantil y juvenil, figura en los documentos con una cotización de 18 millones de pesos, pero confirmó que solo recibió 700.000 pesos.

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“Nos habían prometido un millón de pesos, pero luego nos dijeron que no se podía y nos bajaron a 700.000 (…) me parece terrible todo esto porque es algo de mala fe”, declaró Lozano.

Alexis Forero, conocido como Alekos, aparece con una cotización de 36 millones de pesos, aunque aseguró que recibió únicamente 800.000 pesos.

“Se aprovechan de la buena voluntad de uno, como si fuera un festival baratico (…) caímos por ingenuidad”, expresó el escritor.

Los cálculos muestran que, en estos casos, los sobrecostos superan el 2.400 % y el 4.400 %, respectivamente.

De acuerdo con los testimonios, Corculder habría presentado cotizaciones y poderes de representación falsificados para justificar los montos del contrato.

“Es vergonzoso lo que hicieron, es un horror en nombre de la cultura”, dijo Pilar Lozano, quien añadió que fue contactada por Danilo Caviedes, a quien conocía del festival del año pasado. Según relató, él le pidió autorización para usar su firma digital en la cotización de 700.000 pesos, monto que efectivamente recibió. No obstante, en los documentos oficiales figura una cotización por 18 millones y un poder de representación que ella asegura jamás firmó.

El mismo modus operandi fue denunciado por otros escritores, que coincidieron en señalar a Caviedes como la persona que los contactó y finalmente les entregó pagos menores o nulos.

La investigación encontró que el fraude alcanzó a escritoras locales como Yormary Rincón Parra y Sindy Paola Cortés. En los documentos contractuales aparecen pagos de 1,5 millones de pesos para cada una, pero la primera afirmó que recibió únicamente 200.000 pesos en un sobre cerrado.

“Yo le pregunté en qué condiciones íbamos nosotros, y prácticamente me dio a entender que era gratis (…) incluso después me enteré de que por poner el estand también estaban cobrando”, dijo Rincón.

Por su parte, Cortés aseguró que nunca presentó cotización ni firmó documentos, y que, tras esperar más de dos horas en el lugar del evento, se retiró por incumplimiento. Pese a ello, su firma aparece en cotizaciones y poderes de representación.

Otro hallazgo es que a los artistas se les exigió firmar paz y salvos sin especificar los valores reales. En un caso, el documento fue firmado en medio de una reunión con cervezas, sin que el escritor detallara rigurosamente el contenido. Incluso se halló en la basura un borrador de paz y salvo donde se omitían los montos pagados.

Al ser consultado por Agenda Hoy, Danilo Caviedes reconoció que fue contratado por Corculder para coordinar el festival, pero se negó a dar explicaciones sobre las diferencias entre las cotizaciones y los pagos. Alegó no haber manejado el dinero y remitió las preguntas a Lola Beatriz Guevara Lozano, supervisora del contrato y coordinadora de bibliotecas del Instituto de Cultura, quien no respondió al medio. Tampoco lo hizo Luis Fernando Álvarez, director del Instituto.

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El representante legal de Corculder, Aldemar Pérez Montaño, dio dos versiones. En un primer momento aceptó que confiaba plenamente en Caviedes y que asumiría las consecuencias, pero minutos después adoptó un tono confrontativo.

“Si sumerced va a sacar en las redes algo que no tiene ninguna fundamentación, yo creería que dañar y enlodar el nombre de alguien por unos supuestos también tiene sus cosas”, advirtió, antes de añadir que el contrato aún no le ha sido cancelado por el Instituto de Cultura.

Ante la magnitud de las denuncias, varios escritores confirmaron que interpondrán acciones ante los entes de control por los presuntos delitos de fraude, falsedad en documento público y abuso de confianza.

Entretanto, el Instituto de Cultura indicó que “todas las actividades y gestiones contractuales se realizaron bajo la premisa constitucional prevista en el Artículo 83 que determina que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. No obstante, la entidad afirmó que realizará las respectivas verificaciones y, en caso de hallar irregularidades, las trasladará a las autoridades competentes.