Fallos amañados, sobornos y fiestas sexuales llevaron a la cárcel a tres exmagistrados de Villavicencio

Comida, licor, trabajadoras sexuales y un supuesto acuerdo de 2.000 millones de pesos para favorecer a una condenada por homicidio hacen parte del escándalo de corrupción judicial que llevó a la Corte Suprema de Justicia a dejar en firme la condena contra tres exmagistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio.

El caso que más estremeció a la Corte fue el relacionado con Marbelly Sofía Jiménez Pérez y Smith Bayardo Parra Rincón, condenados por homicidio agravado y tentativa de homicidio.

Según el fallo, desde que el expediente llegó al Tribunal Superior de Villavicencio comenzaron conversaciones entre abogados de Marbelly, dos de ellos conjueces de la misma Sala Penal, y los entonces magistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Joel Darío Trejos Londoño y Alcibiades Vargas Bautista para conseguir una absolución a cambio de dinero.

La Corte concluyó que el acuerdo ilegal se habría concretado el 22 de enero de 2014 en la ‘Villa G’ del hotel Paloverde, donde presuntamente se pactó el pago de 2.000 millones de pesos para emitir un fallo absolutorio.

De acuerdo con la investigación, el dinero sería entregado en dos partes, 1.000 millones de pesos con el registro de la ponencia y el resto cuando se leyera la decisión judicial.

El expediente también señala que Marbelly Sofía Jiménez alcanzó a entregarles a sus abogados 800 millones de pesos destinados, presuntamente, a los magistrados. Sin embargo, el dinero fue devuelto cuando se conoció que la Fiscalía estaba próxima a imputar a los involucrados y el acuerdo no podría concretarse.

Pero eso no fue lo único que documentó la Corte. Mientras avanzaba el supuesto pacto criminal, la condenada organizó varias celebraciones para los magistrados en el hotel Paloverde.

“Durante el tiempo que duró el acuerdo y con el mismo propósito, los magistrados aceptaron dádivas provenientes de Marbelly Sofía Jiménez Pérez, consistentes en fiestas que incluían comida, licor y servicios sexuales”, concluyó el alto tribunal.

La Corte además dejó en firme la condena contra los exmagistrados por otros hechos que, según el fallo, evidenciaban decisiones acomodadas para favorecer a procesados.

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Uno de esos casos fue el de Danit Darío Doria Castillo. Allí, el entonces magistrado Fausto Díaz Rodríguez presentó una propuesta para devolverle la prisión domiciliaria al condenado pese a que había incumplido las condiciones del beneficio. Aunque esa decisión no fue respaldada por la mayoría de la Sala, la Corte concluyó que la argumentación presentada ignoró pruebas y buscaba favorecer indebidamente al procesado.

Otro episodio involucró una tutela presentada por Hernán Darío Giraldo Gaviria para obtener prisión domiciliaria argumentando ser padre cabeza de hogar. Los tres magistrados fallaron a su favor y ordenaron revisar nuevamente el caso. Sin embargo, la Corte aseguró que la tutela era improcedente y que los funcionarios ignoraron deliberadamente los requisitos legales para intervenir en una decisión judicial que no debía resolverse por esa vía.

La investigación que envió a prisión a los exmagistrados arrancó en 2014 luego de que la Fiscalía recibiera un anónimo que alertaba sobre una presunta red de corrupción enquistada en el distrito judicial de Villavicencio.