Fiscalía asume investigación por denuncia sobre presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Tierras

Una grave denuncia anónima presentada ante las autoridades sugiere la existencia de una red de corrupción que operaría al interior de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección del exalcalde de Villavicencio, Felipe Harman.

Según el escrito, la organización habría funcionado mediante el cobro sistemático de comisiones sobre la compra de predios y la sobrevaloración de los avalúos de los terrenos, lo que generaría ganancias ilícitas para sus integrantes.

El denunciante, quien se presenta como veedor ciudadano, asegura que el director de la ANT autorizaba cada compra de predios solo si los compradores entregaban el 10 % del valor del avalúo a la red. Esa comisión, según la denuncia, era gestionada por Edison Geovanny León Sabogal, alias “McEnroe”, quien sería el encargado de distribuir las ganancias entre los implicados.

El documento también señala a otros funcionarios de la entidad, como Lina María Salcedo Mesa, novia de Harman, y Deicy Liseth Gómez Gómez, quien presuntamente firmaba avalúos inflados por orden del director, así como a contratistas y personal administrativo que habrían participado en la legalización de los contratos y el manejo de los pagos.

Entre los nombres mencionados aparecen José Manuel Sandoval, Irina Salas Londoño, Harold Fernando Barreto, Ángela Ortiz, David Esneider Aguilera Peralta, Hayza Jessenya Peña Díaz y Karen Hellena Almanza Barragán, esta última señalada como enlace con la tesorería.

El denunciante advierte que la red habría utilizado a familiares y contratistas para canalizar los pagos, generando un esquema de lavado de activos y testaferrato, especialmente en los Llanos Orientales. También señala que existen evidencias documentales en la trazabilidad de los contratos y en los registros de flujo de caja de la ANT, donde se reflejaría la entrega del 10 % de las operaciones a alias “McEnroe” para su distribución.

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Los hechos descritos podrían constituir delitos contra la administración pública, incluyendo cohecho, peculado y concusión, según los artículos 397 y siguientes del Código Penal Colombiano.

En la mañana de este 2 de febrero el caso fue trasladado a la Dirección Seccional Meta de la Fiscalía que se encargará de indagar sobre los pormenores de la denuncia, verificar la trazabilidad contractual y demás actos pertinentes para esclarecer los hechos.