Hasta 500.000 millones costaría la consulta popular de Petro, ¿puede asumirlo el país?

El presidente Gustavo Petro propuso que los colombianos decidan mediante consulta popular sobre las reformas impulsadas por su gobierno, en especial la laboral, cuyo trámite en el Congreso enfrenta dificultades. Sin embargo, el alto costo que implicaría esta iniciativa genera cuestionamientos sobre la conveniencia de destinar recursos para su ejecución.

Como referencia, la consulta anticorrupción de 2018 tuvo un costo cercano a los 240.000 millones de pesos, según la Misión de Observación Electoral. Con el aumento en los costos logísticos, impresión de material electoral, medidas de seguridad y contratación de personal, se estima que un proceso similar hoy costaría mínimo, de 400.000 a 500.000 millones según el exregistrador nacional Alfonso Portela.

El debate sobre la consulta no solo gira en torno a su costo, sino también a su viabilidad y propósito. Mientras el presidente la defiende como un mecanismo de participación ciudadana, otros sectores la consideran una estrategia política para movilizar a sus seguidores y presionar al Congreso.

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Aun si se decidiera llevarla a cabo, el proceso para su implementación no es inmediato. Primero, el mandatario debe presentar la propuesta con el respaldo de su gabinete, para luego ser sometida a la aprobación del Senado. Si recibe luz verde, la Registraduría Nacional del Estado Civil sería la encargada de organizar la jornada electoral en un plazo máximo de cuatro meses.

La incertidumbre sobre la ejecución y financiación de la consulta sigue latente. Mientras el Gobierno avanza en la búsqueda de apoyos para su iniciativa, persisten dudas sobre si el país está en condiciones de asumir un gasto de tal magnitud en un contexto de restricciones presupuestales y necesidades urgentes en otros sectores.