Villavicencio
La vieja política sigue usando artimañas para atacarnos: Harman
El mandatario fue notificado de investigación ordenada por magistrado al que tacha de uribista. La causa sería el aparente sobrecosto en arrendamiento de un inmueble.
El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, informó sobre la notificación de investigación que le hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque el alcalde no dio indicios sobre la presunta falta, se presume que es a raíz de las denuncias que realizó el exconcejal Daruin Castellanos acerca de sobre costos en el arrendamiento de un inmueble.
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Se trata del predio donde funciona la Secretaría de Competitividad y Desarrollo, en el segundo piso del Hotel Savoy, espacio que funcionó como sede de campaña de Harman, con un canon de arrendamiento por $6 millones, pero que hoy le cuesta al municipio $29 millones mensuales.
Según explicó Castellanos, quien radicó la solicitud de investigación ante el CNE en septiembre pasado, la diferencia entre ambos valores, es decir $23 millones, tendrían que aparecer reportados como una donación en las cuentas de campaña de Harman, pero no están y podrían constituirse en una omisión.
A propósito, el alcalde se pronunció en su cuenta de Twitter, donde aseguró que se trata de artimañas de la «vieja política» para atacar su Gobierno.
La versión de Harman:
En entrevista para ViveElMeta.com, el mandatario agregó que la investigación la ordenó el magistrado Renato Rafael Contreras, quien según él, «obedece al partido Centro Democrático».
Además, Harman señaló que detrás de esta aparente persecución hay personajes de la región que son, en palabras suyas, «gente que está nostálgica porque hacía lo que le daba la gana, se robaba el acueducto, concesionaba hasta el letrero y hoy no tiene juego ni chance al interior de la administración».
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Entre otras cosas, el alcalde expresó que está tranquilo con la investigación que se adelanta y procederá a ejercer su defensa en lo que resta de este año y el inicio del próximo.
Para el mandatario llanero, el centro de esta «persecución política» son las diferencias que tiene con el Gobierno nacional en torno a la situación de la vía a Bogotá y la Malla Vial del Meta.
