El Agro Ingreso Seguro de Gustavo de Petro

Hay gobiernos que quedan en la historia por sus grandes obras. Otros, por sus grandes escándalos.

El gobierno de Álvaro Uribe cargará para siempre con el peso de Agro Ingreso Seguro, un programa que prometía ayudar a los campesinos y terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción del sector agropecuario.

Hoy, el gobierno de Gustavo Petro parece estar escribiendo su propio capítulo.

Y lleva el sello de la Agencia Nacional de Tierras, la entidad que debía convertirse en el corazón de la reforma agraria, pero que hoy está bajo la lupa por decisiones difíciles de explicar.

La historia parece un mal chiste.

La ANT comprometió más de 36.000 millones de pesos y desembolsó 14.300 millones para comprar cuatro haciendas en Puerto Gaitán, Meta.

Después apareció el detalle que nadie debería descubrir cuando ya pagó: los propios estudios técnicos advertían que esas tierras no eran aptas para la reforma agraria campesina.

Es como comprar una casa, entregar la cuota inicial y solo después leer el peritaje que dice que se está cayendo.

La pregunta es inevitable:

¿Quién compra primero y revisa después?

Lo más preocupante no es solo el dinero.

Lo realmente grave es que ese dinero tenía un destino: los campesinos que llevan décadas esperando una verdadera reforma agraria.

Mientras ellos siguen esperando una hectárea para trabajar, el Estado terminó discutiendo qué hacer con unas fincas por las que ya había girado miles de millones de pesos.

Y cuando el problema quedó en evidencia, la solución fue intentar cambiarles el uso a esos predios, como si mover el problema de oficina resolviera el problema de fondo.

Eso no es planeación.

Eso es improvisación.

Todo ocurrió bajo la administración de Felipe Harman al frente de la ANT, una gestión que, lejos de convertirse en el motor de la reforma agraria prometida por Petro, hoy acumula cuestionamientos que van desde compras de tierras hasta denuncias presentadas por el equipo de empalme del presidente electo Abelardo De la Espriella, que anunció acciones penales por presuntas irregularidades en la entidad.

Será la justicia la que determine si hubo responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.

Pero la responsabilidad política ya está sobre la mesa.

Felipe Harman fue uno de los hombres de confianza del presidente Petro para ejecutar una de las promesas más importantes de su gobierno.

Y hoy esa promesa está representada por investigaciones, anticipos millonarios, compras cuestionadas y una reforma agraria que avanza mucho más lento que los escándalos.

Por eso la comparación con Agro Ingreso Seguro empieza a ganar fuerza. No porque los procesos judiciales sean iguales.

Sino porque ambos casos tienen el mismo protagonista de fondo: la plata destinada al campo terminó convirtiéndose en noticia por las irregularidades y no por los resultados.

El gobierno Petro prometió hacer las cosas de manera diferente. Prometió que el cambio empezaría por el campo.

Pero cuando una entidad desembolsa miles de millones por tierras que sus propios estudios cuestionaban, el discurso del cambio pierde fuerza y aparecen las mismas preguntas de siempre.

Porque al final los gobiernos pasan, los funcionarios cambian y los eslóganes se olvidan. Los únicos que siguen esperando son los campesinos, esperanzados que esta vez no sea otro Agro Ingreso Seguro.

Y esa, quizá, es la mayor derrota de todas.