Por millonario desfalco al erario, exgobernador del Meta purgará 19 años en prisión
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viveelmeta.com
- Publicado en Mar 06, 2026
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La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Meta, Juan Manuel González Torres, a 19 años de prisión por irregularidades en la celebración de contratos que comprometieron recursos públicos del departamento por más de $182.000 millones.
La decisión fue tomada por la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal, que lo declaró responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado a favor de terceros, ambos en modalidad continuada.
La sentencia fijó una pena de 234 meses y un día de prisión, además de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo periodo y seis días más, junto con inhabilitación intemporal para ocupar cargos públicos.
También deberá pagar una multa de $21.685 millones y una indemnización de $1.433 millones a favor del departamento del Meta por los perjuicios ocasionados.
Los hechos se remontan a su administración entre 2006 y 2007, periodo en el que tanto el tesorero como el secretario administrativo financiero del departamento, con autorización del Comité Financiero del que hacían parte, suscribieron 38 contratos denominados “oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición”.
A través de estos acuerdos, la Gobernación utilizó excedentes de liquidez para invertir recursos públicos en patrimonios autónomos creados por empresas privadas, mediante fiduciarias como Fiduagraria, Fidupetrol, Fiduvalle, Fidubogotá y Alianza Fiduciaria, bajo el compromiso de que el dinero sería readquirido posteriormente con intereses.
Sin embargo, la Corte determinó que estos contratos se realizaron de manera directa, desconociendo las normas que regulan la inversión de recursos públicos, las cuales establecen que estos deben destinarse a instrumentos financieros de menor riesgo y mayor seguridad.
De acuerdo con la investigación, las inversiones alcanzaron $182.000 millones. Con el paso del tiempo, los contratistas devolvieron al departamento $94.282 millones, pero quedaron pendientes por reintegrar $87.717 millones.
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La Corte concluyó que el entonces gobernador no ejerció los deberes de control y vigilancia que le correspondían como ordenador del gasto, lo que permitió que los recursos terminaran apropiados de manera indebida por parte de las empresas contratistas.
En la sentencia también se negó la posibilidad de suspensión condicional de la pena o prisión domiciliaria. Por esta razón, se ordenó su captura una vez la decisión quede en firme.
