Protesta por proyecto La Victoria: ¿Manifestación legítima o estrategia política encubierta?

El pasado lunes 21 de octubre, un grupo de manifestantes se congregó a las afueras de la Alcaldía de Villavicencio, en protesta por supuestas demoras en la entrega del proyecto de apartamentos La Victoria. Lo que llamó la atención, más allá del acto en sí, fue la presencia de Gedward Esneider Canizales como uno de los líderes de la manifestación.

Canizales, conocido por su participación como contratista en la pasada administración de Felipe Harman, también estuvo vinculado este mismo año a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), donde trabajó entre marzo y julio bajo un contrato de prestación de servicios por cerca de $20 millones.

Resulta sorprendente que, pese a su relación con la administración anterior y con la ANT, Canizales haya declarado en una entrevista con un medio local que se dedica exclusivamente a las ventas ambulantes. Aún más curioso es que él mismo no es beneficiario del proyecto La Victoria, lo que plantea preguntas sobre su verdadera motivación para encabezar la protesta.

Este tipo de situaciones generan dudas legítimas. ¿Qué intereses tiene Canizales al movilizar una manifestación contra la actual administración de Alexander Baquero? ¿Se trata de una movilización genuina en defensa de los beneficiarios, o hay un trasfondo político más profundo relacionado con su cercanía a la administración de Harman?

El puente que no pudo ejecutar Harman, lo hizo Baquero en siete meses

Si bien las protestas son un derecho ciudadano, no se puede ignorar la posibilidad de que ciertos actores estén utilizando estos espacios de manera estratégica para erosionar la imagen de un gobierno en ejercicio. Cabe preguntarse si detrás de esta manifestación hay una intención de afectar la gestión del alcalde Baquero y, en consecuencia, fortalecer la posición política de otros actores.

En conclusión, es necesario que se esclarezca si recursos públicos, como los contratos con la ANT, están siendo utilizados para fines ajenos a los objetivos institucionales y más cercanos a intereses políticos particulares.