Senador Alejandro Vega anuncia un proyecto de ley que frenaría la extorsión desde las cárceles

Con el objetivo de cerrar una de las principales vías desde las que se coordinan delitos en el país, el senador Alejandro Vega anunció que en el período legislativo 2026–2030 promoverá un proyecto de ley para restringir la señal de telefonía celular en todos los centros penitenciarios de Colombia.

La iniciativa busca establecer un bloqueo técnico seguro dentro de las cárceles, con el fin de fortalecer el control de las comunicaciones y reducir prácticas criminales que se siguen gestando desde estos lugares.

De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la Nación, el 41 % de las extorsiones en el país se originan en establecimientos de reclusión. A ese panorama se suman los datos del INPEC, que entre 2024 y 2025 adelantó más de 17.000 operativos en cárceles, logrando la incautación de cerca de 25.000 teléfonos celulares y alrededor de 21.000 tarjetas SIM, lo que evidencia la magnitud del problema y las limitaciones de los controles actuales.

“Muchos delitos como extorsiones, estafas y sicariato se ordenan a través de celulares desde las cárceles. Vamos a evitar que estos lugares sigan siendo los call center de los criminales”, afirmó el congresista, al explicar que la propuesta apunta a una ley estatutaria que permita a entidades como el Ministerio de Justicia, el Ministerio TIC y el INPEC restringir de manera general la señal celular y el uso de redes sociales por medios digitales en todos los centros penitenciarios.

Alejandro Vega les ‘jaló las orejas’ a gobernantes que no aplican la Ley de Acción Comunal

Vega, quien busca revalidar su curul en el Senado por el Partido Liberal con el número 14 en el tarjetón, señaló que esta ruta legislativa resulta menos compleja que el actual procedimiento administrativo para bloquear líneas, establecido en un decreto del Gobierno expedido en 2024, luego de una sentencia de la Corte Constitucional que inicialmente impidió ese tipo de medidas.

El senador sostuvo que una norma de mayor jerarquía, tramitada desde el Congreso, permitiría darle estabilidad jurídica a la restricción de señales y garantizar efectos duraderos en la lucha contra los delitos que se ordenan desde los centros de reclusión del país.