
Contraloría advierte detrimento por $160.000 millones en la Agencia Nacional de Tierras
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- Publicado en Feb 18, 2025
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La Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $160.000 millones en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dirigida por Felipe Harman, debido a presuntas irregularidades en la adquisición y adjudicación de predios para la reforma rural.
Entre los principales hallazgos se identificó la compra de terrenos con suelos inadecuados para la producción agropecuaria, la ocupación ilegal de predios sin una gestión eficiente para su recuperación y demoras en la entrega de tierras a comunidades campesinas.
“Se identificaron adquisiciones de predios en diversas regiones, muchos de los cuales presentan suelos clasificados como clase VII, lo que los hace inadecuados para cultivos y ganadería debido a sus severas limitaciones”, indicó la Contraloría.
Según el ente de control, estos terrenos representan más del 50 % de la superficie de varios predios adquiridos, incumpliendo la normativa que prohíbe la compra de tierras con más del 20 % de su extensión en suelos de clase VII y VIII. Además, algunos predios cuentan con humedales en el 30 % de su superficie.
En cuanto a las ocupaciones ilegales, la Contraloría señaló que la falta de diligencia de la ANT para su recuperación material generó un posible detrimento patrimonial de $5.646 millones y afectaciones sociales a las comunidades beneficiarias de la reforma agraria.
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Sobre los retrasos en la entrega de predios, el informe revela que, de los 205 terrenos disponibles, solo el 12,2 % han sido entregados a campesinos, el 5,3 % a comunidades indígenas y apenas el 1 % a comunidades negras. Esta demora no solo incumple las metas de la Reforma Rural Integral, sino que también genera costos adicionales para la ANT por el mantenimiento de tierras que aún no han sido adjudicadas.
El ente de control advirtió que estas irregularidades afectan el desarrollo rural y ponen en riesgo el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz, generando un presunto detrimento de recursos públicos por $110.322 millones.