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Denuncian a un congresista por adueñarse de tierras en el Vichada

La primera parte del informe de la Liga Contra el Silencio narra la manera en que el representante a la Cámara por el Vichada, Gustavo Londoño García, se habría apropiado de casi 7 mil hectáreas.

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ViveElMeta.com

El epicentro de la denuncia es un predio de 6.633 hectáreas en las que el representante tiene unas 600 cabezas de ganado, galpones, bodegas y pastos mejorados. Este mismo cuenta con agua abundante proveniente de la quebrada La Bomba y del río Gavilán.

La finca del congresista Gustavo Londoño se llama ‘Buenavista’, y mide el doble que la famosa Hacienda Nápoles, del extinto capo colombiano Pablo Escobar.

Sin embargo, según el informe, Londoño habría obtenido toda esa tierra sin cumplir los requisitos que exige la ley, es decir, de manera ilegal.

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De acuerdo con esto, para adquirir la tierra en 2014 Londoño interpuso ante el juzgado de Puerto Carreño una demanda “contra indeterminados”, es decir contra desconocidos, donde pedía la propiedad de esa tierra.

El 30 de agosto de 2017, la jueza Derlis Vega Perdomo ordenó entregar la propiedad a Londoño García. En su fallo, desconoció un dato fundamental que ella misma adjuntó al expediente: una constancia del registrador de Puerto Carreño, según la cual el predio “carece de inscripción en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos”. Esto significa que se presume como tierra baldía, y por tanto, es de propiedad exclusiva de la Nación.

“La jueza ha debido inadmitir la demanda desde el primer día y trasladarla a la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”, explicó el abogado Alejandro Reyes, experto en temas de tierras, a quien La Liga Contra el Silencio pidió leer y comentar el fallo. “Este es el caso clásico de apropiación ilegal de baldíos mediante juicio de pertenencia concedido por un jueza que no está aplicando el derecho. La sentencia se convierte en un título de propiedad”, explicó Reyes. Según la Ley 160 de 1994, los baldíos son tierras “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

La jueza nunca involucró a la Agencia, y aunque dice que notificó del proceso al procurador agrario, este nunca participó ni hizo reparos. El fallo enriqueció más al representante Londoño y también a su socio en Buenavista, el empresario Nicolás Laserna.

Juntos interpusieron la demanda ante la jueza. Laserna es un ganadero y arrocero del Tolima, y aparece como presidente de una empresa en Panamá, creada en 2009 a través del bufete Mossack Fonseca, famoso tras el escándalo de los ‘Panama Papers’ por constituir empresas fantasmas.

Lo niegan todo

Es familiar de la senadora Paloma Valencia Laserna, copartidaria de Londoño. La Liga contactó al representante Londoño, quien negó haber obrado fuera de la ley. Londoño aseguró que en su departamento no hay baldíos. “Esos son mal llamados baldíos, un baldío es una tierra donde no existe nada, donde no hay nadie”, dijo. El congresista, a quien le gusta presentarse como campesino y cultivador desde los 15 años, dijo que tenía derecho a reclamar esa tierra.

“Yo instauré esa demanda ante el juzgado porque cuando usted demuestra que ha estado trabajando la tierra durante equis años, bien habida, pasivamente, el Estado y la ley le da el derecho de que un juzgado le otorgue la pertenencia sobre esa tierra”, argumentó.

El empresario Nicolás Laserna también negó a La Liga que se tratara de tierras baldías, pero reconoció haber indagado la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras se las adjudicara. “Pero nos pedían plata porque es una agencia corrupta y nosotros no estábamos dispuestos a darle plata a nadie”, dijo.

El negocio

Según consta en archivos públicos, en 2008 el representante y su socio le dieron 50 millones de pesos al señor Milciades Burgos Tuay, un colono que se asentó en esa tierra con sus ocho hijos en 1976. Como miles de campesinos en Colombia, Burgos ocupaba esos baldíos sin título de propiedad. Por ese dinero —menos de 10 mil pesos la hectárea— el campesino dejó su casa y firmó una escritura de compra-venta a través de la cual Londoño y Laserna adquirieron la posesión.

“Yo ya no podía trabajar esa tierra y con la plata me pude pagar mi salud”, dijo Burgos, de 71 años y con problemas de vista, a quien La Liga ubicó en una alejada vereda del Vichada. Pero Burgos no podía vender, pues no tenía títulos; ni Londoño podía comprar, pues esa tierra pertenece a la Nación.

La escritura, registrada en una notaría, da fe de que hubo una transacción entre los firmantes, pero no valida ni certifica su legalidad. Con el fallo de la jueza, el congresista y el empresario quedaron a un paso de adquirir el título de propiedad.

Más riqueza

Así multiplicaron de forma astronómica el valor de esa tierra. “Una hectárea de una finca productiva en La Primavera puede costar millón y medio de pesos”, dijo el vocero de un gremio agrícola que conoce el mercado de la tierra en Vichada. “Si son tierras legalizadas con título, claro”, dijo. Con el título de propiedad que la jueza ordena entregar, la tierra de Londoño podría costar ahora, según eso, unos 10 mil millones de pesos.

Hasta la fecha, los dos hacendados se han eximido de obligaciones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). “Nosotros no hemos pagado impuestos porque no nos han dado las fichas catastrales”, explicó Laserna.

El Centro Nacional de Memoria Histórica sostiene que la desigualdad en la distribución de la tierra ha sido la principal causa del conflicto armado en Colombia. Vichada, según datos del gobierno, es el cuarto departamento con mayor concentración de la propiedad rural en Colombia; y el segundo, después del Meta, con mayor acumulación irregular de tierras baldías, según una investigación de 2013 de la Contraloría General de la República.

En la apropiación y acumulación ilegal de estas tierras en Vichada han participado, según la Contraloría, numerosas empresas y funcionarios del gobierno pasado como Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura, y su esposa María Fernanda Campo, ministra de Educación, junto a sus hermanos y su hijo. También familiares de Aurelio Iragorri Valencia, ministro del Interior y de Agricultura. Ninguno ha sido sancionado.

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