Las huellas de los desaparecidos que dejó la guerra en el Meta

Desde Pipiral y el casco urbano de Villavicencio, hasta San Carlos de Guaroa, Puerto López y San Martín, pasando por La Uribe y El Castillo, el departamento de Meta vivió miles de desapariciones forzadas durante el conflicto armado. Por medio del Sistema Integral para la Paz, este flagelo se ha ido asumiendo más dignamente de a poco: según cifras oficiales, 792 personas han sido encontradas por el Plan Regional Centro Oriente Meta, proyecto de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en esta zona de los Llanos orientales colombianos.

Leer también: Defensoría alertó sobre graves condiciones de vulnerabilidad en Meta y Guaviare

Cada hallazgo, más allá de la tranquilidad que le puede generar a los familiares por tener una entrega digna de sus seres amados, también es una forma de ver los vejámenes más visibles de una guerra.

¿Cuántos desaparecidos?

De los 278.491 desaparecidos en el Meta que registra en sus bases de datos el Registro Único de Víctimas, se sabe que 15.112 fueron consecuencia directa de grupos armados. Cada uno es un universo diferente y organizaciones como el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (OFB) se han encargado de no perderle rastros de humanización a cada caso para así entender la dimensión y el dolor de cada pérdida como un daño irreparable.

Justamente, esta organización, en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, emitió el informe “Tras las huellas de la desaparición forzada en el Meta: Contexto y caracterización de un crimen de lesa humanidad”, documento que se enfocó en 10 municipios metenses para visibilizar procesos de búsqueda y luchas contra el olvido hacia personas que distintos actores del conflicto armado desaparecieron, para encarar la cara de un crimen atroz que no quiere ser repetido nunca más, si es que el país busca consolidar una paz estable y duradera.

Rastreo: ¿Cómo se cometieron las desapariciones forzadas?

San Martín, La Macarena, Acacías, El Castillo, La Uribe, San Juan de Arama, Puerto Concordia, Fuentedeoro, Puerto López y Granada tienen una historia de horror que los une. Además de ser la fuente de estudio de OFB para este caso, comparten el hecho de tener en sus tierras zonas de interés forense que pueden determinar los patrones de desaparición forzada en una parte del oriente colombiano. Los cuerpos hablan y con los hallazgos en estos lugares también se puede conocer acerca de sus perpetradores y los factores que llevaron a desaparecerlos.Otras noticias de JEP y Desaparecidos

El informe de Fals Borda indicó que estos lugares fueron propensos para la desaparición forzada a gran escala puesto que cumplieron causas como el ocultamiento de víctimas asesinadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, fueron escenarios para la implementación de megaproyectos con concentración de la tierra y producción de riqueza social, y por adoptarse allí los llamados “mitos de la amenaza terrorista”, entre otros factores.

A su vez, hubo un ensañamiento colectivo contra liderazgos políticos alternativos y defensores de derechos humanos, que fueron estigmatizados y utilizados como blancos estratégicos a la hora de llevar a cabo campañas de desaparición en sitios con presencia de insurgencias. En otras palabras, con perfilamientos arbitrarios, las bajas en combate extrajudiciales fueron un arma de guerra en el Meta, durante la llamada “guerra sucia”.

Leer también: Cormacarena hace un llamado al ANLA y ANI tras emergencia del río Guayuriba

Prepárate para participar en una carrera atlética y llegar a la meta

Los usos de informantes, las amenazas previas, la privación de libertad, el traslado de víctimas, las torturas (y otros tratos crueles e inhumanos), los homicidios a persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario, el empleo de objetos de la fuerza pública, el ocultamiento de cuerpos de víctimas, la ausencia de reconocimiento de privación de libertad o del paradero de las víctimas y las políticas tendientes a impedir investigaciones judiciales de los responsables fueron los modos de operar indicados por OFB para la comisión de estas prácticas criminales, cuya gravedad no fue ni más ni menos que su naturaleza sistemática.

Otro punto clave dentro del informe de OFB es la clasificación por edades de las víctimas fatales. A pesar de los subregistros reconocidos en el texto, que desde hace décadas forman parte de las limitaciones dentro de los estudios forenses sobre personas dadas por desaparecidas, se acotó que dentro de los datos recopilados en bases de datos de la UBPD (fuente con mayores datos sobre este flagelo) “se tiene que es elevada la vulneración de personas desde los 12 años hasta los 39, siendo los hombres los más afectados”.

Si se mira esto desde casos concretos, hay hallazgos dolorosos como: que en el municipio de El Castillo, 161 casos (53% del total) documentados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidadas (UBPD) sean catalogados dentro de las desapariciones con ausencia de información etaria; que en Granada la mayor cantidad de víctimas de desaparición forzada (156 de 498) eran adolescentes; y que en La Uribe la mayor frecuencia de víctimas tenía entre 15 y 19 años.

Tomado de: El Espectador.