Villavicencio
Superindustria pone orden en la Cámara de Comercio de Villavicencio
El ente regulador ordenó la suspensión de seis directivos culpables de la crisis que atravesó la entidad gremial.
A través de la resolución 6156 del 16 de febrero de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio- Superindustria, ordenó la remoción de seis miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio – CCV, por incurrir en irregularidades.
Los directivos que serán removidos de sus cargos son:
- Carlos Lotero, comerciante de Granada y directivo desde la época de López, Pandales, Cindy Beltrán, expulsados de la Junta por la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Herin Camila López, hija de Hugo López, expulsado de la entidad por la Superintendencia hace unos años.
- Nancy Mejía, Esposa del diputado Héctor Fabio Vélez, jefe de Hugo López. Es cuota del Gobierno nacional.
- Luis Rodolfo Herrera, Cuota del actual diputado Dimas Pandales, también echado de esa junta por la Superintendencia.
- Juan Diego Garzón, cuota del destituido concejal de Villavicencio, Carlos Carreño.
- Magda Yaneth Esquivel, cuota del actual concejal de Villavicencio William Hernández, a quien sacaron de la actual Junta por participar en política.
Entre las irregularidades demostradas se encuentra el incumplimiento de las normas sobre planeación presupuestal; el manejo irregular del endeudamiento; nóminas paralelas que incrementaron de manera exagerada los gastos de la CCV; casos reiterados de fraude electoral e influencia de terceros en la adjudicación de contratos.
Según la Superindustria, todos los directivos excepto Marga Esquivel y Juan Diego Garzón, incurrieron en prácticas ilegales de coadministración que afectaron la buena marcha de la entidad.
Así mismo, la entidad determinó que todos, sin excepción, incumplieron sus deberes especiales al determinar la remoción del Presidente Ejecutivo que había promovido la recuperación de la CCV desde el segundo semestre de 2019. El interés de ellos, dice el documento, era que se mantuvieran las prácticas administrativas que provocaron la crisis de la entidad gremial.
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Además, la Superindustria ordenó también la remoción de tres miembros del Comité de Afiliación por, entre otras cosas, incumplir su deber de promover la desafiliación de algunos directivos que no reunían las condiciones para conservar esa calidad.
Las funcionarias son Marly Paola Trujillo, Diana Carolina Camacho y Débora Murillo Rincón.
Como medida transitoria la entidad reguladora ordenó implementar un sistema de vigilancia y control estricto en la Cámara de Comercio.
Por último, la Superintendencia le ordenó a la Junta Directiva no realizar el nombramiento de presidente ejecutivo hasta que quede en firme la remoción de los directivos y funcionarios en mención.
