De las 353 cámaras, ubicadas en sitios estratégicos para combatir el delito, solo 99 están operando actualmente.
La auditora general de la República pidió retirarle facultades por, presuntamente, faltar a la objetividad en sus decisiones.
La suspensión se habría presentado por presuntas irregularidades en contratos celebrados en el marco de la pandemia de covid-19.
Hasta ahora se desconoce si las amenazas provienen de Grupos Armados Organizados residuales (GAOr) o disidencias de las Farc.
Algunos críticos califican esto como un acto de burocracia.
